Semanario REGION®

Del 21 al 27 de Agosto de 2015 - Año 25 - Nº 1.191 - R.N.P.I. Nº 359581

El escándalo del silencio

El silencio no es sólo la ausencia de ruido, es también la ausencia de mensajes claros. Así como el ruido tiende a confundir y ensordecer, la falta de comunicación apropiada desorienta, paraliza o adormece.

A su vez el escándalo no es sólo el alboroto, o el tumulto, sino también todo accionar que origine pensamientos y actitudes perversas. Desde el punto de vista ético-moral también la omisión en el cumplimiento de una obligación es una falta; y en el derecho existen delitos de omisión, como el abandono de personas, que son sancionados penalmente.

¿Pero existe un delito político de abandono de personas? Cuando los mandatarios dejan de cumplir con sus obligaciones legales ¿no están abandonando culposa o dolosamente a sus mandantes? Más aún, cuando los candidatos a cargos públicos prometen en sus discursos una serie de beneficios a la ciudadanía en general ¿no están proponiendo un acuerdo en el cual se obligan a determinadas acciones con un compromiso de resultados que implican verdaderas cláusulas contractuales con sus electores?

¿Por qué razón los mandatarios electos se consideran exentos de esos compromisos  voluntariamente adquiridos por ellos? Entiendo que el ciudadano al ser engañado mediante el discurso falaz, tiene derecho a reclamar a su mandante por el incumplimiento artero y malicioso de la contractual promesa política.

Pero esta estafa o defraudación moral, según sea dolosa desde su comienzo, o a posteriori, no queda circunscripta a los que son elegidos en forma directa. En realidad todo funcionario público seleccionado y nombrado por otro u otros de superior jerarquía, es un mandatario del pueblo, es decir un servidor público que tiene el mismo compromiso ético que aquellos que son elegidos por voto directo. Separar la manera de elección de la responsabilidad de la actividad a desarrollar es quitar sentido y calidad profesional a toda labor pública, cualquiera sea el nivel que las leyes y estatutos le adjudiquen.

Los jueces y sus auxiliares son también funcionarios públicos, y sus prerrogativas son meras delegaciones de las que tiene el ciudadano honesto en general. Para ejercer la justicia el juez no puede ser nunca un privilegiado dentro de una democracia. Los derechos especiales que se le adjudican son al sólo fin de un mejor desempeño en la labor a la cual está obligado, y que es la razón de ser de su función: dar a cada uno lo que le corresponde, y para eso no puede ni debe quedarse con nada de nadie.

Esto que es de mero sentido común no siempre está vigente. Los escándalos judiciales por acción u omisión terminan encubriendo la inequidad de quienes gestionan esa acción u omisión. Mal podemos hablar de libre competencia cuando existen protegidos que compiten tramposamente. No puede haber escuela de eficiencia superadora si discriminamos a la mayoría mediante trucos o engaños.

Montesquieu decía que a veces el silencio es más elocuente que todos los discursos. ¿Pero cuál silencio, el de la pasividad cómplice frente a la injusticia organizada? ¿El de la distracción que permite frente al público ejercitar trucos mágicos?

En la antigua Roma se llamaba escándalo a una piedra elevada que se encontraba en el gran pórtico del Capitolio. Ahí se sentaban los que habían caído en bancarrota y abandonado sus bienes a sus acreedores, cayendo en la difamación. Sería beneficioso para la democracia que la piedra del escándalo no sea el sitial de mandatarios fallidos, porque eso es muy difícil de silenciar.

Carlos Besanson

Publicado en el Diario del Viajero n° 534, del 23 de julio de 1997


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