Una sociedad se puede considerar organizada, cuando sus integrantes conocen y participan de reglas de juego precisas y aceptadas.
La existencia de poderes instituidos no siempre significa la vigencia de un orden operativamente coherente y justo. El respeto a los funcionarios depende del respeto auténtico de los mismos a los ciudadanos. Un pueblo crece cuando sus instituciones son mucho más importantes que los ciudadanos que circunstancialmente ocupan cargos
Durante muchas generaciones y en distintas partes del mundo, los gobernantes aplicaron un concepto que hace a la filosofía del derecho, llamado razón de Estado.Este criterio sirvió tanto para proteger a un país en ciertas emergencias graves, o para conculcar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos esenciales. Es decir que esa doctrina servía indistintamente para el uso y el abuso del poder, o para actuar con rapidez y a muy corto plazo en defensa de la sociedad contra un agresor externo.
Cada vez que se lo quiso emplear como respuesta a una agresión interna, consistente generalmente en una oposición dura y cerrada, se terminó en la pretensión de avalar jurídicamente hechos injustos o aberrantes. De esta manera la razón de Estadose convirtió en la fuerza de la sinrazón por parte de quienes detentaban el poder mediante la dictadura de las armas y / o la dictadura mediante leyes sancionadas por parlamentos sin independencia y legitimada por jueces sin respeto a los derechos fundamentales del hombre.
El avance de la moderna tecnología no ha significado un avance en el ejercicio de la ética. Sólo el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de sus mismos titulares puede en su perseverancia neutralizar los efectos nefastos de una aristocracia de funcionarios, electos o postulantes, que pretende prerrogativas y fueros que impliquen inmunidades destinadas a eludir cualquier rendición de cuentas de sus actos públicos y privados. Esos aristócratas  son silenciosamente protegidos por otros, que pueden tener signos políticos diferentes, pero que también aceptan esas franquicias legales  como un seguro de riesgo frente a sus actividades personales. 
Razón tenía el viejo derecho español cuando obligaba a todos los funcionarios sin excepción al llamado juicio de residencia, mediante el cual el enjuiciado no podía abandonar la ciudad sede de sus funciones hasta que estuviera cerrada la última causa en la que los quejosos tuvieran una sentencia favorable o no.
Cuando los hechos afectan los principios jurídicos que protegen a cada uno de los componentes de la sociedad, el silencio sobre los resultados implica la denegación de la justicia. Por lo tanto la insolencia de la arbitrariedad hiere profundamente los sentimientos de una población que espera, de sus mandatarios, todos esos aportes necesarios para la armonía social, que están fundados en el orden legítimo y la justicia adjudicada. Porque la existencia de legisladores no significa necesariamente la existencia de normas legítimas y ecuánimes, y el funcionamiento de los tribunales no implica que siempre la Justicia está vigente. La ética de la ley es válida si está bien parida en su origen, y es digna si es justa en su aplicación universal, si no, nos encontraríamos frente a un totalitarismo disfrazado de ilegítima legalidad.
La búsqueda de la suma del poder público fue experimentada varias veces en nuestra historia, pero el final nunca fue feliz para nadie.

Carlos Besanson
Conceptos ya publicados en el Diario del Viajero nº 451, del 20 de diciembre de 1995