El viejo derecho español obligaba a cada funcionario de la Corona a fijar su residencia por un tiempo en el lugar de actuación, luego de haber terminado su gestión. En ese momento se le abría lo que se llamaba un Juicio de Residencia; en él se presentaban todos los que se consideraban perjudicados y damnificados por la acción torpe del que ejerciera el poder. De esta manera al quedar pegado al lugar, y al abrirse automáticamente ese juicio de análisis de conducta se generaba un remedio para un mal crónico como es el abuso del poder.
Los célebres Oidores de siglos atrás escuchaban las quejas y recibían los descargos. El pueblo de esta manera, tenía siempre la esperanza que con el tiempo el mal funcionario las pagaba. ¿Tieneel ciudadano actual esa misma sensación de esperanza? Los oidores modernos están sordos y una parálisis burocrática los inhibe para actuar con eficiencia. A veces se tiene la sensación de que quienes tienen que juzgar el incumplimiento de los deberes del funcionario, no pueden o no quieren cumplir con sus deberes.
A todo esto se suma la aplicación genérica de un principio del derecho por el cual el empleador responde por el accionar de sus empleados y mandatarios. Por ende el Estado se constituye en responsable de las consecuencias de la torpeza de quienes ocupan el poder y la cosa pública. Pero este silogismo jurídico de la responsabilidad del Estado no corresponde, a nuestro entender, cuando se da la arbitrariedad del funcionario en la toma de decisiones y en la actividad contractual. Los únicos responsables civiles, y por lo tanto, patrimoniales son los funcionarios que colocaron su firma en cada una de las actuaciones que generaron el conflicto legal.
Hacer responsable al Estado es hacer responsables patrimonialmente a todos los ciudadanos. De esta manera se da la aberración de que esos ciudadanosque han sido defraudados en sus expectativas por los malos funcionarios, deben también hacerse cargo de las consecuencias de los actos injustos de los mismos.
Una modalidad de creciente uso en los últimos tiempos es la adjudicación de contratos para explotar todo tipo de servicios que antes monopólicamente tenía el Estado. Ahora el país se fracciona en pequeños reinos, con monarcas que según el protocolo ya no firmarán con la abreviatura de Su Majestad, si no con la simple S.A.
Pero la sustitución del poder del Estado, que puede actuar arbitraria y despóticamente, por otros poderes monopólicos, que también pueden actuar de la misma manera, no nos da la suficiente libertad ciudadana y la conveniente libertad de empresa.
No responden a la realidad de los hechos los fundamentos de los decretos y resoluciones que adjudican privilegios y prerrogativas. Pero como una espada de Damocles loscontratos darán lugar a voluminosos y largos pleitos entre concedentes, concesionarios y usuarios. Las consecuencias patrimoniales de esos pleitos deben recaer exclusivamente en quienes aportaron con su firma la confusión jurídica generadora de la inseguridad legal. Si el gobierno quiere frenar la corrupción bastaría que gestionara las normas legales pertinentes para hacer únicos responsables civiles a los funcionarios involucrados. El Juicio de Residencia readquiere su validez en momentos críticos de la República.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero n° 929, del 16 de febrero de 2005