No podemos dirigir los vientos,
pero sí manejar las velas.
Los escándalos políticos, que estallan alternativamente en ciertas sociedades, muestran que la metodología de los fraudes está apoyada fundamentalmente en la violación de conceptos esenciales que afectan la igualdad ante la ley, la libertad, la justicia, la democracia y la República.
La tolerancia del cuerpo social a la degradación insensible de la vigencia de esos derechos prioritarios, se da generalmente por el ocultamiento persistente de episodios, que subvierten realmente el orden constitucional en caso de ser descubiertos. La falta de sanción oportuna está dada por el constante enmascaramiento de episodios y motivaciones, que en sí repugnan conceptos del derecho natural y de la legislación normativa.
No faltan leyes punitorias, me atrevería a decir que sobran. Lo que falta es un amor inclaudicable a la justicia cotidiana y un fervor permanente en la creencia de que todos somos iguales ante la ley, incluso los que tienen un poder prestado por las circunstancias. No hay privilegios, ni fueros, que protejan al delincuente, sólo la complicidad del silencio o las cortinas de humo de los allegados.
Si los funcionarios son servidores públicos, es decir servidores del pueblo, cuando actúan maniobrando para su provecho se convierten en mandatarios infieles a quienes dicen representar. Las investiduras que portan se transforman, como consecuencia de sus actos, en meros disfraces de las funciones que invocan.
La evolución de las sociedades ha hecho que, por vía de error y corrección, ciertos conceptos políticos pierdan el indiscutible imperativo categórico que tenían décadas atrás. Uno de ellos es el de secreto de Estado. Esa idea que estaba fundada en la preservación aparente de un país frente a las ambiciones de otro, terminó generando situaciones de total arbitrariedad escondida en expedientes secretos, decretos reservados, informaciones confidenciales, etc.
Es así que cada tanto los ciudadanos son sorprendidos por resultados escandalosos de manipulaciones silenciosas. Todo ello termina beneficiando no a un país sino a unos pocos, denominados genéricamente iniciados.
Los juicios de opinión no pueden sustituir a las sentencias judiciales, pero sí ayudan a iluminar la investigacióny a estimular el aporte de pruebas; y finalmente a preservar la coherencia y la cohesión social, tan necesarias para que una Nación se proyecte positivamente en el tiempo.
Hablar de secreto de Estado en momentos en que los adelantos tecnológicos permiten ver y oír lo que se quiera buscar, es simplemente ocultar al ciudadano-individuo lo que ya no se puede tapar tan fácilmente a grandes organizaciones externas. Es decir el secreto es solamente doméstico; los de afuera sólo especulan con el precio del silencio negociado.
El manejo especulativo de muchos funcionarios y de sus prestanombres y cómplices busca un resultado final de ventajas patrimoniales que representan, sin lugar a dudas, un enriquecimiento sin causa o incluso un enriquecimiento ilícito. Las declaraciones juradas patrimoniales de esos mandatarios no son suficientes para esclarecer en tiempo situaciones confusas, sobre todo si ellas quedan con el carácter de reservadas. Entiendo que la propaganda destinada a preservar la equidad en materia impositiva, en base al cumplimiento de los compromisos, debe ser seguida de claras normas que permitan el libre acceso para todos a un banco oficial de datos en el cual todos podamos entrar para observar las respectivas conductas comerciales e impositivas. De esta manera los ciudadanos podríamos tener un mejor concepto de las personas y de los personajes, sin necesidad de intermediaciones corruptibles.
El cese del secreto impositivo y del secreto bancario es el final de prácticas corruptas que no pueden ser amparadas por falsos secretos de Estado que ofenden a la inteligencia y a la vigencia de una democracia real.               

Carlos Besanson

Publicado en el Diario del Viajero n° 474, el 29 de mayo de 1996