Resulta indiscutible la importancia del periodismo en un estado democrático funcional y no meramente declarativo. La necesidad de interrelación entre los ciudadanos electores y los ciudadanos funcionarios implica diversas vías de comunicación entre los mismos. Por los temas y características de los problemas, esos canales pueden ser originalmente reservados a las partes interesadas, o desde su comienzo de conocimiento público. El ciudadano es el que tiene la primera opción para elegir la modalidad de esa comunicación si considera que son afectados derechos y obligaciones que interesan al resto de la comunidad por sus implicancias, o debe permanecer dentro de un marco de mayor privacidad. Pero esa primera opción del interesado no es excluyente del interés legítimo de otros ciudadanos, electores o funci­narios, de conocer el trámite de expedientes que directa o indirectamente afecten a la cosa pública.
La publicidad de los actos de gobierno es una obligación legal y ética. Así también lo es el conocimiento público de los fundamentos que justifican esos actos, con todos sus antecedentes y considerandos. Caso contrario se estaría trabajando sobre la base del ocultamiento de intereses no exhibibles y del disimulo de interesados no visibles. Es que la reserva puede significar prudencia, pero el secreto llega a ser sospechoso
En muchos países estallaron escándalos en los cuales funcionarios se enriquecieron, enriqueciendo a otros, con el tráfico de influencias que en algunos casos consistió en traspasar sotto voce información confidencial sobre próximas decisiones económicas o de obras y servicios públicos, que valorizaban o desvalorizaban bienes privados o del estado. A principios de 1989 tuve oportunidad de observar el famoso escándalo de los iniciados en Francia, que afectó profundamente al Presidente Mitterand.
La prensa tiene un papel preponderante en la iluminación de la escena en donde ocurren arbitrariedades que afectan la igualdad, y que por lo tanto traicionan la esencia del espíritu democrático, que es la equidad de trato, con y entre todos los ciudadanos.
La igualdad de oportunidades solamente es viable en su plenitud cuando las mismas son públicas y notorias.
En derecho penal se considera un agravante la comisión de ciertos delitos en la oscuridad y el descampado. Es que el factor sorpresa, que aprovecha cualquiera de esas circunstancias, traba aún más la defensa de las víctimas, y ayuda a la impunidad del hecho. También en el manejo de la re-pública, la oscuridad en los actos y la ausencia de testigos comprometedores es un incentivo al delito y a la inmoralidad de las acciones.
La responsabilidad de la prensa está en esclarecer las zonas de sombras, y en visualizar en los descampados, para que al daño social que producen las faltas de ética no se le agregue el mal ejemplo de la no identificación cierta de los infractores. Pero eludamos la soberbia, iluminar no es el encandilar que termina encegueciendo. También debemos evitar los apagones o cortes programados de aquellos que negocian con los periodistas y sus empresas, para que la oscuridad ampare a los pocos y desproteja a los muchos.
Los principios éticos no se pueden medir por pulsos o impulsos, ni por factores de potencia. Sólo valen si son vividos a conciencia por la mayoría de la sociedad, que deberá buscar los emergentes adecuados.

Carlos Besanson
Publicado en el Diario del Viajero 395, del 23 de noviembre de 1994