Francisco Marull: $ 3 millones por convenio con Alpa

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) recibirá $ 3 millones para financiar tareas de investigación desde la Facultad de Económicas, luego de que el decano Francisco Marull suscribiera el convenio respectivo con el secretario de Políticas Universitarias (SPU), el pampeano Oscar Alpa.

El acto se llevó a cabo en el plenario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales (CO.DE.C.E.) que se desarrolló en Buenos Aires y en el que se eligió como nuevo presidente al decano de la Facultad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Pahlen Acuña.
El inicio del plenario contó también con la participación de Alpa, quien firmó convenios similares al suscripto por La Pampa con las demás universidades del país, por un total de $ 150 millones.

Marull y la UBA
En la misma línea de fomentar la investigación desde la Facultad como parte de las actividades de extensión, Marull selló un convenio con la UBA por el que ambas instituciones desarrollarán “actividades de cooperación y complementación académica y científica”.

Dentro de las mismas se inscriben “el dictado de ateneos, seminarios o talleres de capacitación a investigadores/as, o cursos de capacitación a docentes en temas específicos de Contabilidad Social y Ambiental”.
También se contempla “la realización en forma conjunta de proyectos de investigación en temas de interés común, preferentemente en aquéllos correspondientes al área de Contabilidad, Auditoría e Impuestos”.

Económicas y Jurídicas: Presentan un trabajo sobre la actuación de medios locales en temas de niñez y adolescencia

El Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas elaboró un informe sobre el tratamiento que distintos medios locales realizan de cuestiones vinculadas con la temática de niñez y adolescencia en la provincia y en la promoción de sus derechos.
Contemplando a los medios no sólo como difusores de noticias sino espacios de expresión de los distintos sectores sociales, el informe –elaborado por la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Observatorio- contempló más de 900 publicaciones que, con niños y adolescentes como protagonistas, aparecieron en la provincia en un período de cuatro meses.

Luego de definir a las instituciones analizadas como “actores corresponsables en la promoción y protección de los derechos”, el trabajo aporta conceptualizaciones que aumentarían las chances de que, efectivamente, se transformen en reales espacios de comunicación y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Conclusiones
Una de primeras conclusiones es que las publicaciones hablan de niños y adolescentes con “enfoques tutelares y adulto-céntricos” esto es, presentándolos mayormente como “objetos de protección” antes que como sujetos con derechos propios, situación reflejada también en “la escasa participación directa que se les da” en las noticias.
Como aporte, en este caso, se sugiere la inclusión de textos de investigación, académicos o científicos, artículos de opinión e incluso entrevistas en las publicaciones.

Otro aspecto analizado fue el tratamiento de datos personales de los niños/jóvenes en episodios de violencia. Si bien se destacó “una conducta más cuidadosa” se alertó que “en muchos casos se sigue utilizando información que debería quedar reservada y protegida”. Esto es más evidente cuando episodios penales o contravencionales se presentan desde “el sensacionalismo ó escándalo”.
El resultado de esto es el fortalecimiento de “imágenes estereotipadas en las cuales las niñas, los niños o los adolescentes —generalmente pertenecientes a grupos desfavorecidos— aparecen como violentos o delincuentes solo por su comportamiento o su aspecto diferentes”.

También la manera de presentar otras violencias -sexual infantil, intrafamiliar, maltrato o infanticidios, por ejemplo- fueron evaluadas. Al respecto, se especificó que “suelen quedar acotado a asuntos judiciales, más específicamente al devenir de los procesos penales seguidos contra victimarios”.
Si bien esto supone una salvaguarda ante una posible “revictimización” resulta un tratamiento “acotado e insuficiente” toda vez que no se continúa  con la promoción de conductas relacionadas “con la prevención y erradicación de todas las formas de violencia”.
La visión sobre el derecho a la salud arrojó conclusiones similares: la mayoría de las publicaciones son “romantizadas” historias de “enfermedades graves y accidentes resonantes; colectas y eventos para solventar tratamientos o resultados de prácticas o intervenciones médicas” pero “solo en forma excepcional aparecieron publicaciones con objetivos de prevención y promoción del derecho a la salud”.

El análisis de las políticas sociales también fue calificado como parcial, debido a que se limita a “reproducir informaciones oficiales sobre novedades en cuando a montos, beneficiarios y modalidades de pago, pero muchas poseen un enfoque de corte filantrópico o de beneficencia en relación a niñas, niños y adolescentes. Es decir, son asumidos como meros objetos de protección abordados por una asistencia estatal”.

Una participación más “amplia y proactiva” de los medios se lograría recabando “opiniones críticas sobre sus alcances y efectividad” o promoviendo “la participación directa de las niñas, niños y adolescentes en su diseño, creación e implementación, y contribuyendo de este modo a su asunción en el imaginario colectivo como sujetos sociales y políticos”.
A la hora de evaluar “cuestiones penales”, el relevamiento destacó que se “informa” sobre delitos contra la propiedad y contra las personas. Si bien la mayor proporción de noticias cumplen con la protección de evitar la identificación directa –datos personales, fotos- de los/las involucradas “varias aportan información que pueden permitir su identificación a través del contexto”.

Por otro lado, las noticias publicadas contribuyen a forjar “imagen general negativa, discriminatoria y basada en estereotipos” a partir “del lenguaje utilizado, las fuentes consultadas –en su mayor parte policiales- los tipos de delitos, la selectividad y la identificación de las personas que incurren en ellos”.
Al igual que en casos anteriores, las posibilidades que ofrecen los medios de ponerle límite a los discursos punitivistas y tutelares no son utilizadas: apenas 2 de las 902 lo hicieron.

La educación sexual y reproductiva arrojó conclusiones similares. El ejemplo más claro al respecto fue el tratamiento sobre la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE): fue “noticia” mientras duró como debate pero “este impulso mediático cesó prácticamente con la aprobación de la Ley”.
A modo de conclusión final, la Comisión llamó la atención sobre “el papel que cumplen los medios de comunicación en el goce y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes no puede quedar sujeto a los vaivenes u oscilaciones sensacionalistas. Su compromiso debe ser permanente, constante y diligente”.